El INDEC puso en números algo que millones sienten cada vez que hacen una compra: en julio, un hogar tipo de cuatro integrantes necesitó $1.149.353 para no ser pobre y $515.405 para no caer en la indigencia. Son valores que, puestos en dólares libres, muestran una paradoja amarga: vivimos con salarios de país en desarrollo y precios de país caro.
La Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subieron 1,9% en el mes, lo mismo que la inflación general. A primera vista, podría interpretarse como una “estabilidad” de los indicadores sociales. Pero el problema es otro: el salario promedio formal apenas roza, en el mejor de los casos, el costo de la CBT, y millones de trabajadores informales ni siquiera llegan a cubrir la CBA.
Los números anuales pintan un cuadro más sutil pero no menos preocupante: la canasta total creció 27,6% interanual, nueve puntos menos que la inflación. Esta brecha no significa que la vida sea más barata, sino que las familias ya recortaron consumos al límite, ajustando en rubros que no son imprescindibles para subsistir. Es el “ahorro” por resignación: menos lácteos, menos carne, menos salidas, menos todo.
En paralelo, la inflación de julio aceleró a 1,9% mensual, con alzas fuertes en Recreación y cultura (4,8%) y Transporte (2,8%). Alimentos y bebidas, que pesan más en el bolsillo de los sectores populares, crecieron al mismo ritmo que el índice general. El discurso oficial puede celebrar que los precios suben menos que hace un año, pero para quien no llega a fin de mes, la sensación es otra: la “desaceleración” no llena la heladera.
La economía política detrás de estos datos es clara: no hay política salarial que compense precios altos en dólares sin un modelo productivo que genere valor y empleo. El “orden macro” basado en anclas cambiarias y tarifarias puede servir para la foto trimestral, pero si la mitad de la población sigue en la pobreza o al borde, el equilibrio es de papel. La foto que importa no es la del índice mensual, sino la del changuito en la caja.
En este contexto, la pobreza se convierte en un fenómeno estructural que ya no distingue coyunturas. Un mes con inflación moderada no cambia la tendencia si los salarios pierden capacidad de compra año tras año. La competitividad de la que hablan algunos gurúes se logra bajando costos laborales, no mejorando productividad, y eso implica que el “ajuste” se está financiando con el empobrecimiento de quienes producen y consumen.
El debate político sigue atrapado en la grieta ideológica, pero el dato de la canasta básica debería ser el centro: no hay proyecto de país posible con la mitad de la población sin acceso a bienes y servicios básicos. Discutir si la pobreza “bajará un poco” a fin de año es un ejercicio de cinismo estadístico si no se aborda cómo generar ingresos reales y estables.
El problema de fondo es que, en la economía real, la pobreza no es un número: es la fila en el comedor comunitario, el alquiler que se paga con atraso, la compra en cuotas de comida básica. La macro puede cerrar para el Excel, pero si el supermercado se convierte en una aduana que la mitad del país no puede cruzar, la política económica habrá fracasado, por más prolija que luzca la estadística.
