La presentación fue realizada por el abogado Jorge Heter junto a los particulares Gastón Giove y Martín Burs, quienes promovieron una denuncia penal por los delitos de prevaricato y asociación ilícita. En paralelo, solicitaron que se inicie un proceso disciplinario ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados.
Según se desprende de la denuncia, el juez Blanc habría tenido un rol central en una presunta maniobra que permitió que terceros se quedaran con propiedades mediante resoluciones judiciales cuestionadas. Los denunciantes sostienen que en distintos expedientes se habrían ignorado pruebas determinantes que acreditaban la titularidad legítima de los bienes, dictándose sentencias que habrían favorecido a los demandantes de manera irregular.
La acusación también señala que durante las audiencias se habrían pasado por alto hechos de extrema gravedad, entre ellos supuestos pagos indebidos para influir en las decisiones judiciales. En ese contexto, se menciona la posible participación de un estudio jurídico que habría intervenido activamente en la tramitación de los expedientes y en la confección de documentación presuntamente irregular.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, se solicitaron diversas medidas de prueba, como allanamientos en domicilios particulares y estudios profesionales, el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, y el análisis de comunicaciones telefónicas para establecer posibles vínculos entre los involucrados.
Este nuevo planteo se suma a otros cuestionamientos previos vinculados al funcionamiento del fuero civil en Tandil. En ese marco, los denunciantes remarcan que existen antecedentes recientes de magistrados sometidos a procesos de enjuiciamiento, lo que refuerza la necesidad de una investigación profunda sobre el accionar judicial en este tipo de causas.
Uno de los casos que motivó la denuncia tiene como eje un inmueble ubicado en la calle San Lorenzo al 600, que habría sido adjudicado a través de un fallo cuestionado por los herederos de la titular original. Tras agotar instancias judiciales, los damnificados decidieron avanzar con la presentación penal y disciplinaria.
Ahora, la Subsecretaría de Control Disciplinario deberá evaluar si existen elementos suficientes para impulsar un jury de enjuiciamiento contra el magistrado. En paralelo, la causa penal continuará su curso con el análisis de las pruebas solicitadas, en un proceso que podría tener importantes derivaciones institucionales.
