Por solicitud de la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich y tras nuevas modificaciones en el borrador, el Senado pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto para debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por Federico Sturzenegger.
Es la cuarta vez que el proyecto, que pretende eliminar el tope del 15% para la venta de tierras a extranjeros, no logra tratarse en el recinto del Senado. A principios de junio, el oficialismo intentó aprobarlo en una sesión que también se empantanó por el pliego de Verónica Michelli, que el Gobierno intentó rechazar por ser familiar de un periodista. Tras su aprobación, La Libertad Avanza anunció que retiraba el proyecto de inviolabilidad, que además no tenía los números asegurados para su aprobación. Hubo una promesa de llevarlo nuevamente al recinto la semana siguiente, que nunca se cumplió. El último intento frustrado ocurrió cuando se cayó la sesión en la que se buscaba interpelar al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El resultado de la votación para aplazar una vez más el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Lo cierto es que el proyecto sufrió sucesivas modificaciones. Hasta hoy circularon 15 versiones distintas del borrador. Una de las últimas modificaciones, que habilitaba a cada provincia a definir su propio régimen para la venta de tierras, no convenció al ministro desregulador. Las diferencias entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich —quien desde hace meses negocia con los aliados para aprobar el proyecto— derivaron en el pedido de un nuevo cuarto intermedio.
Mientras los allegados de Sturzenegger sostienen que ese cambio es inconstitucional y generaría 24 interpretaciones distintas de la norma, cerca de Bullrich entienden que la negociación implica aceptar modificaciones y consideran que el planteo del Ministerio de Desregulación “es una discusión sin sentido” porque “lo pueden hacer igual”.
Además de la disputa interna, desde el oficialismo explicaron que este jueves hubo dos ausencias clave y que a la iniciativa no le sobran los votos. Carlos “Camau” Espínola y Andrea Marcela Cristina (PRO) no estuvieron presentes en la sesión. La senadora se encuentra de licencia por maternidad y se reincorporaría tras el receso invernal.
“Nos cambió el número y, si bien ganábamos por un voto —tenemos 35—, con este tipo de proyectos y muchas horas de debate hay que tener un margen un poco más amplio”, explicaron importantes fuentes del oficialismo a C5N.
El aplazamiento fue aprobado con 63 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
Tras la nueva postergación, Patricia Bullrich hizo un balance de la sesión y, de paso, dejó un mensaje con una destinataria evidente. “Hoy mostramos que teníamos el quórum que ayer nos lo quisieron desarmar con mensajes subidos de tono”, expresó la senadora luego de que se conociera el contenido de los mensajes de alto voltaje que intercambió con Victoria Villarruel tras el partido contra Inglaterra.
El proyecto volverá al recinto el 6 de agosto
El oficialismo ya había adelantado que pretende volver a sesionar después del receso invernal. La fecha elegida es el 6 de agosto, cuando buscará tratar nuevamente la ley de inviolabilidad de la propiedad privada junto con los proyectos de Ley Hojarasca y Falsas Denuncias.
Será el quinto intento de La Libertad Avanza por aprobar la iniciativa, que propone eliminar las restricciones actuales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras con el argumento de atraer inversiones al país.
Uno de los cambios más controvertidos es la derogación de los límites que hoy establece la Ley de Tierras para la compra de inmuebles rurales por extranjeros. La Ley N.º 26.737 fija un tope del 15% de la superficie rural nacional y un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, mientras que la reforma permitiría operaciones sin esas restricciones, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para los críticos, la medida implica un proceso de extranjerización del territorio y debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.
El paquete también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva.
Otro de los puntos incluidos en la iniciativa reforma la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que hoy impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios. Distintos sectores cuestionan que esa modificación podría favorecer desarrollos inmobiliarios o emprendimientos privados sobre superficies incendiadas.
Desde Unión por la Patria anticiparon que buscarán frenar el avance de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada al considerar que compromete la soberanía sobre los recursos naturales y facilita la concentración de tierras en manos de inversores extranjeros. Sin embargo, el oficialismo confía en reunir el respaldo de bloques dialoguistas y provinciales para obtener la media sanción del proyecto.
