La política volvió a meterse en las terminales de Bloomberg. Después de casi tres años en los que buena parte del mercado financiero reclamó ajuste, disciplina fiscal y motosierra, el temor a una derrota de Javier Milei en 2027 empieza a modificar el libreto. La preocupación ya no pasa solamente por cuánto gasta el Estado, sino por cuánto puede seguir ajustando antes de convertir el deterioro social en riesgo electoral y, finalmente, financiero.
La señal llegó desde Barclays. En un informe sobre la apertura de los créditos en dólares, el banco británico moderó sus expectativas y señaló al calendario electoral argentino como una variable capaz de limitar la expansión del financiamiento. Bancos y empresas conocen el peligro de acumular pasivos en dólares cuando crece la incertidumbre cambiaria.
Los números acompañan el cambio de humor. El riesgo país volvió a superar los 500 puntos y el Merval perdió rápidamente las ganancias acumuladas durante los tres meses anteriores. Un importante consultor financiero incluso proyectó que el indicador podría acercarse a 800 puntos si hacia fin de año las encuestas consolidan una oposición competitiva para 2027.
No es ideología. Es precio. Si el mercado asigna mayor probabilidad a un cambio político, aumenta la rentabilidad que exige para financiar a la Argentina. Y aparece la paradoja: para preservar el programa económico que apoyó, ahora necesita que Milei haga algo de aquello que durante años le pidió evitar.
También entró en la ecuación la economía real. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 1,1% mensual en agosto. Según el relevamiento empresarial del INDEC citado en los informes sectoriales, ninguno de los supermercados consultados proyectaba aumentar personal. La cobertura cambiaria, además, se multiplicó durante los últimos meses.
El problema para el oficialismo es sencillo de explicar y difícil de resolver. La estabilidad nominal puede mejorar mientras salarios, empleo y consumo siguen deteriorados. Y las elecciones no ocurren en una planilla fiscal: votan personas que pagan alquiler, llenan la heladera y necesitan llegar a fin de mes.
La tensión apareció incluso entre empresarios receptivos al programa libertario. Roberto Urquía, titular de Aceitera General Deheza, planteó que el problema ya no es competir contra un producto chino: cuesta vender. Al mismo tiempo, los salarios no alcanzan y las empresas encuentran dificultades para pagarlos.
Por eso algunos operadores comenzaron a reclamar "pragmatismo". Javier Casabal, estratega de renta fija de AdCap, planteó la conveniencia de gastar algo más para proteger políticamente lo conseguido. Traducido al idioma electoral: evitar que la austeridad liquide en las urnas a quien debe garantizarla.
Eso no obliga necesariamente a romper el superávit. Puede traducirse en recomposición de ingresos, alivio tributario, crédito, inversión selectiva o mecanismos que permitan que parte de la estabilización llegue al consumo antes de 2027.
