El dato más grave surgió de una consulta realizada por este medio ante la propia empresa: alrededor de la mitad de los usuarios del distrito tendría órdenes de corte. No se trata de una estadística publicada oficialmente por EDEA, sino de información proporcionada por la compañía ante esa consulta. Pero la dimensión potencial cambia completamente la naturaleza del conflicto.
Porque una cosa es discutir una tarifa. Otra muy distinta es contemplar la posibilidad de que una porción enorme de una comunidad quede amenazada con perder un servicio esencial porque simplemente no puede pagarlo.
En las calles comenzó a sintetizarse la bronca en dos palabras: "EDEA usurera". La consigna no necesita demasiada literatura. Expresa lo que sienten familias que recibieron facturas extraordinarias, reclamaron, protestaron y ahora observan cómo el calendario de intimaciones sigue corriendo.
El conflicto lleva semanas creciendo. Vecinos de Santa Teresita y San Clemente denunciaron boletas de entre $500.000 y $800.000, con casos superiores al millón. En Mar de Ajó, cuatro familias que comparten un complejo reclamaron por una factura de $7,1 millones.
La respuesta comunitaria fue inmediata. Hubo movilizaciones, reclamos administrativos y organización de acciones judiciales. La diputada bonaerense Mónica Schlotthauer presentó un proyecto para dejar sin efecto los incrementos denunciados, de hasta 700%, y evitar cortes mientras se resuelve la controversia.
Pero nada de eso consiguió hasta ahora detener las intimaciones.
Y ahí aparece una responsabilidad que excede a EDEA. Frente a una amenaza de esta magnitud, ya no alcanza con acompañar el reclamo de los vecinos, recibirlos, presentar un proyecto, emitir un comunicado o señalar al responsable de la oficina de al lado.
El Gobierno provincial tiene responsabilidades regulatorias sobre la distribución eléctrica. El Municipio es la primera puerta que golpean los vecinos cuando un problema nacional o provincial entra en sus casas. Y la oposición local tampoco puede convertir una eventual emergencia social en material para una declaración de prensa mientras espera que el costo político lo pague el oficialismo.
Gobierno y oposición pueden discutir después quién tuvo más responsabilidad en llegar hasta acá. Lo que no pueden discutir durante semanas es quién debe impedir que miles de familias se queden sin luz.
El problema es todavía más grave por las características de La Costa. Numerosos hogares carecen de gas natural y utilizan electricidad para calefaccionarse, calentar agua y hacer funcionar bombeadores. Cortar el suministro puede significar perder varias condiciones elementales de una vivienda al mismo tiempo.
Detrás del tarifazo existe además una transformación nacional del sistema energético. La reducción de subsidios trasladó una proporción mayor del costo hacia los usuarios, mientras las facturas incorporan componentes de distribución sometidos a regulación provincial. Un informe de la Fundación Encuentro calculó que el costo de generación pasó de aproximadamente US$68 por MWh durante el primer semestre de 2025 a unos US$90 en igual período de 2026.
Pero ninguna explicación económica resuelve el problema que hoy tiene una familia delante de la heladera: si la factura vale cientos de miles de pesos y ese dinero no existe, no existe.
Ofrecer cuotas tampoco soluciona estructuralmente una factura impagable. Refinanciarla significa trasladar deuda hacia adelante mientras llega el consumo del mes siguiente. Es convertir un problema tarifario en una bola de nieve financiera.
Por eso "EDEA usurera" dejó de ser solamente una consigna caliente de una manifestación. Es la expresión de vecinos que sienten que quedaron atrapados entre una empresa que continúa reclamando el pago, un esquema energético que encareció brutalmente el servicio y una política que todavía no produjo una respuesta proporcional al problema.
Y acá no queda espacio para la tibieza.
Si efectivamente una proporción cercana a la mitad de los usuarios está alcanzada por órdenes de corte, Provincia, Municipio, oficialismo y oposición tienen delante una responsabilidad inmediata: conseguir una salida antes de que las intimaciones se conviertan masivamente en hogares desconectados.
Después habrá tiempo para discutir Nación, Provincia, regulación, subsidios, EDEA y responsabilidades políticas.
Primero hay que evitar que la gente quede a oscuras.
Porque cuando miles de familias no pueden pagar un servicio indispensable, el problema ya no es de miles de malos pagadores. Es un sistema que dejó de producir una tarifa compatible con la sociedad a la que debería prestar servicio.
Las facturas encendieron la bronca. Las intimaciones encendieron la alarma. Ahora la política tiene que decidir si va a intervenir o seguirá administrando comunicados mientras avanzan los cortes.
"EDEA usurera" es el grito de la calle. Pero si finalmente miles de vecinos quedan sin electricidad, ya no alcanzará con preguntarle a EDEA qué hizo. Habrá que preguntarles a todos los que podían hacer algo por qué no consiguieron frenarla.
