La decisión fue tomada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, después de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. La cautelar alcanza a EDEA, EDELAP, EDEN y EDES, las cuatro grandes distribuidoras reguladas por la Provincia.
El fallo puso el foco sobre la Resolución 585/2026 y los componentes provinciales incorporados al esquema tarifario, entre ellos el Valor Agregado de Distribución (VAD). Esto resulta clave para entender el alcance: la decisión judicial no elimina todos los conceptos que forman una factura eléctrica ni significa que el usuario dejará de pagar los costos de la energía, impuestos y otros cargos que correspondan.
Lo que deberá hacerse es retrotraer los valores alcanzados por la cautelar. Y cuando esas diferencias ya hayan sido cobradas, deberán ser reacreditadas o imputadas como saldo a favor. En términos simples: quien ya pagó el incremento cuestionado no debería perder ese dinero, aunque la resolución no establece una entrega en efectivo sino su reconocimiento en la facturación posterior.
La medida adquiere una dimensión particular en Mar del Plata y la Costa Atlántica. EDEA informa que su servicio alcanza a más de 1,5 millones de personas permanentes y casi 3 millones durante la temporada de verano, dentro de un área de concesión de 105 mil kilómetros cuadrados. También abastece parques industriales, ciudades turísticas y regiones productivas, además de proveer energía a 32 cooperativas.
Por eso el impacto excede ampliamente a una familia que prende la estufa o llega a fin de mes mirando cuánto consumió. La electricidad atraviesa desde un pequeño almacén hasta un hotel, un restaurante, una fábrica o cualquier comercio que necesita mantener sus puertas abiertas varias horas por día.
Todavía queda una pregunta fundamental: cuánto dinero representa concretamente la marcha atrás para cada usuario. No existe una cifra única que pueda trasladarse responsablemente a todas las facturas. El monto depende de la categoría tarifaria, el nivel de consumo, los componentes alcanzados y otros conceptos incluidos en cada liquidación. OCEBA publica cuadros diferenciados para EDEA según tipo de demanda y régimen aplicable, por lo que presentar una supuesta devolución general podría inducir a error.
Detrás de la factura existe una discusión menos visible, pero decisiva. La cautelar no resolvió definitivamente que las tarifas eléctricas sean ilegales ni fijó cuánto debería costar la luz. Lo que cuestionó fue el procedimiento utilizado para modificar componentes provinciales sin una nueva instancia de información y participación de los usuarios.
La Defensoría sostuvo que antes de avanzar con nuevas tarifas debía realizarse una audiencia pública o instrumentarse un mecanismo equivalente. La Provincia defendió el procedimiento y argumentó que los criterios tarifarios habían sido discutidos en audiencias realizadas en 2016 y que las actualizaciones se encontraban dentro de un esquema de transición vinculado con la emergencia energética.
Ahí apareció uno de los puntos más fuertes de la resolución judicial: pasaron diez años. El juez consideró relevante esa distancia temporal y cuestionó que una tarifa presentada como transitoria pueda prolongarse durante años sin renovar los mecanismos de participación de quienes finalmente reciben y pagan las facturas. Para fundamentar la cautelar recurrió además a antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte bonaerense sobre el derecho de los usuarios a participar antes de la determinación tarifaria.
La discusión tiene una traducción muy concreta para cualquier vecino: conocer de antemano por qué aumenta un servicio esencial, qué costos justifican esa modificación y disponer de una instancia para discutirla antes de que el nuevo número llegue impreso en la factura.
La cautelar también mira hacia adelante. Mientras continúe el proceso judicial, las distribuidoras alcanzadas deberán abstenerse de aplicar nuevos cuadros sobre los componentes comprendidos sin la participación previa exigida por el juzgado. La causa continuará y la Provincia podrá discutir judicialmente la decisión, porque todavía no existe una sentencia definitiva sobre el fondo.
Edenor y Edesur quedan fuera de esta resolución porque se encuentran bajo regulación nacional. La decisión tampoco alcanza directamente a las cooperativas eléctricas. Para Mar del Plata, sin embargo, el nombre central es EDEA.
Ahora queda la parte que más importa en cada casa y comercio: cómo aparecerá la corrección en la factura. Los usuarios deberán mirar especialmente las próximas liquidaciones y verificar si los importes alcanzados que ya fueron abonados aparecen efectivamente reconocidos como saldo a favor. La Justicia ya puso un freno. El paso siguiente será comprobar que ese freno también pueda verse, con números claros, cuando llegue la próxima factura.
