Según el organismo, el Gobierno nacional prometió avanzar hacia un sistema “más justo” y lograr un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos, pero “optó por el camino más corto y doloroso: recortar un beneficio esencial para 3,35 millones de usuarios a nivel nacional y 1,24 millones de hogares bonaerenses”.
La FAM cuestionó que se retrotraiga el criterio climático al modelo de 2002, lo que excluye a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. “Ignora una realidad ineludible: el gas no es un bien de lujo, es una necesidad vital para la salud y la dignidad de las familias”, sostuvo.
El comunicado advirtió además que el cambio en la base de cálculo, que restringe el subsidio únicamente al PIST (precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte), traerá consecuencias incluso para quienes conserven el beneficio: “Incluso los usuarios de las pocas zonas que conservarán la asistencia verán aumentos cercanos al 25%”
Para las regiones templadas que pierden el beneficio de forma automática, la entidad estimó un impacto de 15.000 pesos extra por mes, que calificó como “un golpe letal para la economía doméstica”.
La FAM también cuestionó el argumento oficial de que los afectados podrán realizar un trámite para acreditar vulnerabilidad socioeconómica, algo que, según el texto, “demuestra una preocupante desconexión con la realidad de los sectores medios y bajos”.
En ese sentido, remarcó que imponer topes de ingresos estrictos “en un país donde la pobreza del primer semestre alcanzó el 32,3%” significa “condenar a miles de hogares trabajadores a la disyuntiva de pagar la boleta o recortar en alimentos básicos”. Y concluyó: “La burocratización del acceso a la energía solo funciona como una barrera de exclusión”.
El cierre del comunicado tuvo un tono político directo: “Gobernar es priorizar el bienestar de la población. Desmantelar una red de contención tarifaria en un contexto de alta inflación y precarización económica no es un logro macroeconómico, es una muestra de insensibilidad social”.
La entidad remató con un reclamo de fondo: “La energía debe ser considerada un derecho humano, y su acceso debe garantizarse con políticas públicas que protejan a los ciudadanos, no que los dejen a la intemperie”.
El pronunciamiento de la FAM se suma al rechazo de intendentes de la región, en un escenario en el que casi 100 mil familias de los ocho distritos de la Séptima Sección (Olavarría, Azul, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez, Tapalqué y General Alvear) pierden el beneficio automático que tenían desde 2021.
