La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, abrió dos frentes en el Gobierno: por un lado, la esperanza de que la estadía del máximo referente de la Iglesia Católica sea un factor de unidad de la población y permita mostrar coordinación con otros sectores para los preparativos. Por el otro, la incomodidad por los cuestionamientos a la administración libertaria por sus políticas y los reclamos por los más vulnerables.
Los Neuss, en la mira: la polémica maniobra para financiar la compra de Transener con reservas de la empresa
"La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", celebró la Oficina del Presidente tras la confirmación de que el sumo pontífice permanecerá en la Argentina desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. León XIV aceptó la invitación tras una carta de Javier Milei, por lo que el Presidente busca ratificar su cambio de postura después de reunirse con el por entonces papa Francisco luego de sus duras críticas al jefe de la Iglesia Católica.
La administración libertaria mantuvo varios encuentros con la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar la seguridad, la logística y los traslados del Papa en el país. Por lo pronto, las reuniones parecerían ser solo de carácter institucional y no de acercamiento de posiciones, ya que la Iglesia mantiene sus reprobaciones por las decisiones del Gobierno y exige medidas de protección frente al brutal ajuste, en un pedido para repensar las medidas frente a los reclamos.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, es uno de los referentes de la Iglesia Católica más críticos de la gestión de Milei. En sus discursos alertó sobre el sufrimiento de la población y enfatizó que está "cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida". Además, aseveró que "el 'sálvese quien pueda' no es más que la expresión de un individualismo cruel".
Por su parte, en una de sus advertencias más duras, la Conferencia Episcopal Argentina cargó contra la administración libertaria en un comunicado por las consecuencias de sus políticas en los jubilados y otros sectores: "Avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la Justicia y del mundo empresarial; a muchos abuelos y abuelas se les presenta el
drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día".
