El Gobierno nacional avanza con una nueva revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y evalúa suspender alrededor de 20.000 beneficios ante la detección de presuntas irregularidades.
La medida forma parte de un proceso de auditoría que comprende a más de 1,1 millones de beneficiarios en todo el país, incluidos miles de residentes de la provincia de Buenos Aires.
Según trascendió, el objetivo del Gobierno es verificar que las pensiones sean percibidas por personas que cumplen los requisitos legales y detectar posibles irregularidades en su otorgamiento.
La posibilidad de nuevas suspensiones genera preocupación entre los beneficiarios, especialmente entre quienes dependen de estos ingresos para afrontar gastos cotidianos, tratamientos médicos y medicamentos.
Desde organizaciones vinculadas a la discapacidad advierten sobre la necesidad de garantizar notificaciones adecuadas y permitir que los titulares presenten la documentación correspondiente antes de adoptar decisiones definitivas.
Por el momento, no se anunció una suspensión general de las pensiones, y se esperan mayores precisiones oficiales durante los próximos días sobre los beneficios que podrían resultar alcanzados y los mecanismos de revisión.
