
El fiscal Eduardo Taiano apunta sobre montos recibidos por integrantes del Gobierno y las maniobras de imputados para evitar congelamiento de parte de los fondos.
Tras quitarle a los movimientos sociales la gestión de alimentos, Capital Humano manejó 14 mil millones para asistencia alimentaria. Más de la mitad quedó sin explicación clara. La ministra pidió sobreseimientos, pero el rastro del dinero sigue borroso.
Actualidad06/08/2025El misterio de los 8 mil millones sin traza
A Pettovello no la acorralaron los piqueteros: se acorraló sola con sus propios números. La ministra estrella del mileísmo duro anunció que le quitaba a las organizaciones sociales la gestión de los alimentos para los comedores populares. Dijo que había comedores fantasmas, que eran todos ñoquis, que con ella se acababan los curros. Lo que nunca explicó con la misma claridad fue a dónde fueron a parar los más de 8.300 millones de pesos que sobraron de una licitación por 14 mil millones para comprar leche, arroz y fideos.
La historia es simple, pero escandalosa. En lugar de transferir fondos a las organizaciones sociales con control del PNUD —como se venía haciendo desde hace dos décadas— Pettovello cambió las reglas: hizo que el Estado licitara directamente con el Programa de Naciones Unidas, firmó el desembolso de los 14 mil millones con su sola rúbrica (algo que requería la firma del jefe de gabinete), y cuando una de las empresas adjudicatarias se bajó, dijo que el “remanente” fue reasignado para mejorar las raciones alimentarias.
La pregunta es obvia: ¿mejoradas dónde, cómo, para quién y con qué documentación? Porque en el expediente judicial no hay rastros administrativos ni técnicos de esa famosa “reasignación”. No hay órdenes de compra, ni entregas, ni convenios, ni remitos, ni nada. Hay una frase, una resolución sin detalles y una montaña de papeles faltantes.
El fiscal Franco Picardi lo dejó escrito con todas las letras: “No se puede reconstruir el circuito financiero de los fondos públicos involucrados”. Y agregó algo que duele de leer: “La ausencia de trazabilidad impide descartar desvíos o usos incompatibles con el interés público”. Traducido: no sabemos si se perdió, si se robó, si se tiró o si alguien lo está contando en una cuenta paralela.
El juez Ariel Lijo, sin embargo, archivó la causa. Dijo que con los remitos que sí estaban (los que sí se cumplieron) alcanzaba. Pero Picardi no se quedó callado: apeló, y ahora la Cámara Federal tiene que decidir si la investigación sigue o queda enterrada como los fideos vencidos en los galpones de Capital Humano.
El caso tiene antecedentes. Primero, la ministra cortó de cuajo la entrega de alimentos a más de 40 mil comedores populares. Después vinieron las denuncias, las inspecciones que nunca mostraron “comedores fantasmas” y, por si faltaba algo, los galpones rebalsados de comida sin repartir. Hubo jueces que le ordenaron reactivar la entrega. Hubo causas paralelas. Y hasta una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero Pettovello sigue blindada. Se victimiza. Dice que la atacan porque no hace política con la pobreza. Lo que no dice es cómo ejecutó una partida millonaria sin rendir cuentas reales. Y si ya no están los movimientos sociales administrando la comida, y si el dinero no está claramente ejecutado en ningún lado, entonces… ¿dónde está?
Pettovello prometió cortar intermediarios, pero se convirtió en la única intermediaria. Centralizó todo y oscureció el circuito. Ahora la comida no llega, los fondos no aparecen y las respuestas son puro humo. Ajustar con hambre es criminal. Hacerlo sin explicar la plata, directamente roza el cinismo.
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