Desde el Departamento Ejecutivo, la postura oficial sostiene que el loteo no puede avanzar porque el predio se encuentra en una zona rural no urbanizable, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) vigente, y porque no cumpliría con los requisitos técnicos y normativos necesarios para habilitar la apertura de calles y las obras de infraestructura. Así lo manifestó el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, quien remarcó que el Municipio tiene la decisión política de preservar el área como espacio natural y evitar nuevos desarrollos inmobiliarios en ese sector.
Sin embargo, los impulsores del proyecto denuncian que esos argumentos encubren un bloqueo político intencional, impulsado desde la conducción del Ejecutivo local, con el objetivo de “cajonear” el expediente y desgastar a los titulares del emprendimiento. En una nota formal de pronto despacho dirigida al intendente Miguel Ángel Lunghi, los desarrolladores advierten que el trámite administrativo se encuentra paralizado sin resolución, pese a haber cumplido con los requisitos exigidos en distintas etapas.
Denuncias por irregularidades y trato contradictorio
Según la presentación realizada por los particulares, el expediente del loteo presenta irregularidades graves, entre ellas la presunta desaparición de alrededor de 40 fojas, que contendrían dictámenes técnicos y administrativos favorables emitidos por áreas municipales competentes. Además, denuncian que funcionarios se negaron a permitir la vista completa del expediente, argumentando que se trata de documentación “del Municipio”, lo que consideran una vulneración al derecho de acceso a la información y al debido proceso administrativo.
Otro punto central de la controversia es la contradicción entre los actos administrativos del propio Municipio y el discurso oficial actual. Los desarrolladores aseguran que la comuna reconoció durante años la titularidad del predio, aceptó pagos de tasas y deudas, firmó convenios y autorizó servicios como la instalación de infraestructura eléctrica a nombre de los actuales responsables del proyecto. Para los denunciantes, estos hechos desmienten que existan impedimentos legales o dominiales para avanzar con el loteo.
Acusaciones directas al intendente y una cámara oculta
El conflicto escaló cuando los responsables del emprendimiento señalaron directamente al intendente Lunghi, a quien acusan de intervenir políticamente para frenar el avance del loteo. En ese marco, sostienen que el jefe comunal habría admitido públicamente, en una entrevista radial, haber solicitado una “cautelar” para frenar el expediente, una figura que —según remarcan— solo puede ser dictada por el Poder Judicial y no por una autoridad administrativa.
Pero el dato más sensible de la denuncia es la existencia de una grabación obtenida mediante una cámara oculta, en la que —según afirman los desarrolladores— se escucha la voz del propio secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, quien en una conversación privada reconocería que el proyecto cumpliría con las condiciones necesarias para avanzar. Esa afirmación contrasta de manera directa con la posición oficial que el funcionario sostiene públicamente en nombre del Ejecutivo municipal.
Aunque el material no fue difundido de manera pública, los impulsores de “Miradores de Montecristo” aseguran que forma parte de la documentación que respalda su acusación de arbitrariedad, contradicciones internas y una maniobra política destinada a frenar el emprendimiento.
Plazos y posible judicialización
Ante esta situación, los desarrolladores otorgaron un plazo perentorio al Municipio para que destrabe el expediente, restituya la documentación faltante y emita una resolución fundada. En caso de no obtener respuesta, anticiparon que avanzarán con acciones judiciales, tanto en el fuero contencioso administrativo como en el penal, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daños económicos.
Mientras tanto, el conflicto expone una tensión de fondo entre el desarrollo urbano, la planificación territorial y las decisiones políticas, y vuelve a poner en debate los criterios con los que se define el crecimiento de la ciudad y el rol del Estado municipal frente a iniciativas privadas de gran impacto.
