Boletas de hasta $800 mil desatan una rebelión contra EDEA en la Costa Atlántica y exponen el fracaso del esquema tarifario

Vecinos denuncian aumentos de hasta $800.000

Las boletas de electricidad dejaron de ser un gasto mensual para transformarse en una amenaza para miles de familias de la Costa Atlántica. En distintas localidades comenzaron a multiplicarse facturas emitidas por EDEA que alcanzan entre 500 mil y 800 mil pesos, montos que, para buena parte de los usuarios, resultan directamente impagables. La indignación crece porque, lejos de tratarse de casos aislados, los reclamos se repiten entre jubilados, comerciantes y trabajadores que sostienen que esos valores no guardan relación con su realidad económica.

El problema tiene una particularidad que agrava todavía más el escenario. En amplias zonas de la Costa el acceso al gas natural continúa siendo limitado, por lo que miles de hogares dependen de la electricidad para calefaccionarse durante el invierno. El gas envasado, además de costoso, tiene una duración reducida. En consecuencia, la energía eléctrica deja de ser una opción para convertirse en una necesidad básica. Y cuando esa necesidad llega acompañada de boletas cercanas al millón de pesos, el servicio esencial pasa a convertirse en un factor de exclusión.

Una tormenta perfecta entre Nación, Provincia y distribuidoras

El conflicto no nace únicamente en las oficinas de EDEA, aunque la distribuidora concentra buena parte del malestar vecinal por los montos que llegan a los hogares y por la falta de respuestas frente a los reclamos. Detrás aparece una cadena de decisiones que termina descargando el peso económico sobre los usuarios.

El Gobierno nacional mantiene su política de reducción de subsidios energéticos con el objetivo de disminuir el gasto público. El nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados limita la asistencia estatal a un bloque básico de consumo. Todo kilovatio adicional se paga a tarifa plena. En paralelo, la Secretaría de Energía ratificó que continuará reduciendo los subsidios durante el resto del año con la meta de llevar ese gasto al equivalente del 0,5% del PBI.

La Provincia de Buenos Aires, por su parte, oficializó mediante la Resolución 399 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos una actualización tarifaria que incorpora nuevos precios mayoristas definidos por Nación y modifica el Valor Agregado de Distribución que perciben empresas como EDEA, además de actualizar distintos componentes del cuadro tarifario elaborado por el OCEBA.

El resultado termina siendo una combinación explosiva. La Nación reduce subsidios. La Provincia actualiza tarifas. La distribuidora traslada esos costos a las facturas. Y el usuario queda atrapado en el último eslabón de la cadena.

Los números explican buena parte del conflicto. Más de 2,1 millones de hogares perdieron subsidios eléctricos bajo el nuevo esquema. Al mismo tiempo, las familias financian una proporción cada vez mayor del costo real del servicio eléctrico, muy por encima de lo que ocurría apenas dos años atrás.

En la Costa Atlántica ese impacto se multiplica porque la electricidad cumple un rol que en otras regiones cubre el gas por red. El consumo aumenta durante el invierno y el nuevo esquema castiga precisamente esos niveles de demanda.

Mientras tanto, comerciantes advierten que las tarifas ya no sólo afectan las economías familiares. También empiezan a comprometer la continuidad de pequeños negocios que enfrentan menores ventas y costos energéticos crecientes.

Las boletas que hoy recorren la Costa Atlántica dejan una discusión mucho más profunda que el precio de la electricidad. Cuando un servicio esencial se vuelve inaccesible para quienes lo necesitan para calefaccionarse, cocinar o sostener un comercio, el problema deja de ser exclusivamente tarifario. La energía deja de funcionar como un derecho básico y empieza a comportarse como un bien reservado para quienes todavía pueden pagarlo. Esa es la verdadera factura que hoy reciben miles de vecinos frente al mar.