La inflación volvió a trepar en julio y rompió una secuencia de tres meses de desaceleración. El Índice de Precios al Consumidor del INDEC avanzó 2,1% mensual, dos décimas más que en junio, mientras la Ciudad de Buenos Aires registró un 2,9%. El dato nacional no implica un descontrol inflacionario, pero sí marca algo políticamente incómodo para el Gobierno: la baja de precios no es lineal y la economía doméstica sigue corriendo detrás de una canasta que sube más rápido que muchos ingresos. El IPC porteño de julio efectivamente marcó 2,9%.
En los primeros siete meses del año, el IPC acumuló 19,3% y la variación interanual llegó a 33,8%. La inflación núcleo pasó de 1,6% a 1,8%, mientras los estacionales treparon 4,5%, empujados por verduras, turismo y alojamiento. Los regulados subieron 2,1%, con presión del transporte público, las prepagas y la electricidad. La única división que cayó fue prendas de vestir, con una baja de 1,3% vinculada a las liquidaciones de temporada.
El corazón del problema aparece en aquello que una familia no puede postergar. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2%, frente al 1,3% de junio. Dentro de ese rubro subieron verduras, lácteos, pan y cereales. La inflación general puede moderarse, pero si la comida acelera, la sensación de alivio tarda bastante más en llegar a la mesa.
El contraste se vuelve más áspero cuando se mira la canasta básica. La Canasta Básica Total, que define el umbral de pobreza, aumentó 2,2% en julio. La Canasta Básica Alimentaria, utilizada para medir indigencia, avanzó 2,6%, por encima del IPC general. Una familia tipo necesitó $1.564.716 mensuales para no quedar bajo la línea de pobreza y $708.016 para superar la indigencia.
Un salario mínimo que ya no alcanza ni para discutir la pobreza
El Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó en $372.400 mensuales para una jornada legal completa. La comparación es brutal porque vuelve abstracta cualquier celebración del dato inflacionario. Un salario mínimo representa apenas alrededor del 24% de la Canasta Básica Total de una familia tipo. Harían falta más de cuatro salarios mínimos para superar ese umbral.
Incluso frente a la canasta alimentaria, la distancia es enorme. Los $372.400 cubren poco más de la mitad de los $708.016 que una familia necesita para no ser considerada indigente. Dicho sin jerga: un trabajador que cobra el salario mínimo puede tener empleo formal y aun así quedar muy lejos de financiar la alimentación básica de un hogar.
La cuestión no se resuelve diciendo que la canasta corresponde a una familia y el salario a una persona. Precisamente ahí está el problema. En millones de hogares los ingresos no llegan de manera ideal, ni existen siempre dos salarios completos, ni todos los adultos tienen trabajo registrado. La comparación muestra la magnitud de la brecha entre el piso salarial institucional y el costo real de reproducción de una familia.
El Gobierno puede argumentar que la inflación anual es mucho menor que la heredada y que la desaceleración sigue siendo el principal logro macroeconómico. Es cierto. Pero estabilizar una economía no consiste solamente en reducir la velocidad a la que aumentan los precios. También importa desde qué nivel arrancan esos precios y cuánto ingreso queda del otro lado.
Además, los rubros que más pesan sobre la vida cotidiana siguen mostrando variaciones fuertes. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 48,9% interanual; transporte, 40,9%; educación, 40%. Son gastos difíciles de eliminar. Nadie negocia con la empresa eléctrica una segunda marca de kilowatt, ni reemplaza el colectivo por una promoción dos por uno.
La Ciudad de Buenos Aires agregó otra señal. Su IPC avanzó 2,9% en julio, bastante por encima del promedio nacional. La diferencia no puede trasladarse mecánicamente al resto del país porque las canastas y estructuras de consumo son distintas, pero sí muestra que en algunos centros urbanos la desaceleración convive con presiones de servicios y costos fijos más intensas.
El dato de julio no anuncia una nueva espiral inflacionaria. Sería irresponsable afirmarlo. Pero tampoco permite vender que el problema está resuelto. La inflación volvió a superar el 2%, la núcleo aceleró, los alimentos retomaron velocidad y las canastas básicas crecieron más que el índice general.
La macroeconomía puede mostrar una curva más prolija. La microeconomía, en cambio, se mide frente a la heladera, el alquiler, el boleto y la cuenta de luz. Cuando una familia necesita más de $1,56 millones para no ser pobre y el salario mínimo queda en $372.400, la discusión ya no pasa solamente por cuántas décimas subió o bajó el IPC. Pasa por algo bastante más elemental: cuánto de la vida cotidiana puede comprarse con el ingreso que efectivamente entra en casa. Ahí aparece el límite político: bajar la inflación sirve, pero no alcanza si salario y canasta sigue
