"Buscan ponerle un certificado de defunción a la industria pesquera nacional", denunció el patagónico De La Fuente

Las cámaras empresariales de la industria pesquera argentina rechazaron de plano los intentos del gobierno de Javier Milei por modificar la actual ley federal que rige al sector desde 1997 y que está contenida en el controvertido paquete ómnibus mandado al Congreso.

“Pretenden derogar artículos esenciales a los empujones y la consecuencia inmediata afectará el cuidado de los recursos, desprotegerá la industria nacional y creará inseguridad en la matriz jurídica y biológica. ¿Por qué cambiar lo que está bien hecho? ¿Es eso revolucionario?”, planteó Agustín De la Fuente, titular de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) en diálogo con EL DIARIO DEL MAR.

Desde Buenos Aires, donde hace gestiones como ariete del sector ante parlamentarios y funcionarios de la nueva administración, De la Fuente, señaló que las empresas argentinas están asentadas hace muchos años y exportan a más de 100 países.

“Cualquier marco regulatorio es mejorable, pero no es cuestión de tirar todo por la borda como están pretendiendo”, explicitó.

Hizo un poco de historia. Cuestionó los descontroles de la década del 90, llevados adelante durante el mandato de la dupla Menem-Cavallo. “Hubo un gran desconocimiento, hubo sobrepesca, y se pusieron en riesgo los recursos ícticolas”.

Explicó que luego, durante cinco años, se elaboró una ley federal que estableció cuotas para algunas especies. “Lo importante era lograr un equilibrio, con inversiones calificadas y controladas” por el Consejo integrado por todas las provincias con salida al rico litoral atlántico.

Lamentó que se traten de abrir concursos y/o licitaciones internacionales indiscriminados, cuando las firmas locales cuentan con antecedentes y tienen porciones asignadas para no depredar.

“No se trata solamente de una compulsa económica – advirtió -, es mucho más que una cuestión extractiva: hay que mirar aspectos sociales, biológicos y alimentarios”.

La oposición es general, pero De la Fuente apuntó a la pretensión de que los barcos extranjeros puedan descargar la mercadería en cualquier parte del mundo – “Uruguay, Punta Arenas o Malvinas”, mencionó -, algo muy grosero de entender”.

Además, agregó que en la actualidad el 75% de la tripulación en los barcos debe ser argentina. “Eso también quieren derogarlo y permitir solo flota extranjera”, lamentó.

“Por más que busquemos, en la iniciativa no encontramos ningún punto positivo: procuran expedir un certificado de defunción para la industria nacional”.

Sin referirse a lo que sucede más allá de las 200 millas marítimas, un tema de jurisdicción internacional, De la Fuente aseguró que un frente interno unido está empeñado en que la sección del capítulo tres de la llamada Ley Ómnibus, sea retirada sin recibir dictamen.

En tal sentido, defendió el valor agregado que aporta la factoría nacional hoy, en forma “meritocrática”. Desalentó la generación de materias primas solo como commodities, y dijo que las economías regionales “no resisten el pago de un 15% por derechos de exportación".

Explicó que la pesca anual debe poder ser sustentable en el tiempo, no como ocurrió “en la crisis de los 90, donde hicieron una fiesta olímpica de la desregulación”.

Informó que desde 1997, el sector se viene recuperando. Ejemplificó con la merluza. En la época de Cavallo se llegaron a pescar 600 mil toneladas y se entró en “emergencia”. Veinte años más tarde, se bajó esa cifra a 300 mil. “Cada uno no puede hacer lo que quiere, tiene que haber controles en el mar, los barcos y plantas procesadoras”.

Respondió que la industria emplea hoy directamente a unas 45 mil personas y un poco más indirectamente. Embistió contra el vocero presidencial Manuel Adorni: “Por desconocimiento comete errores garrafales. Dice que se ´pesca poco”. Le contestamos que se hace con responsabilidad, con equilibrio biológico. Lo único que hace es provocar incertidumbre”.

Refirió que las declaraciones de Adorni repercutieron en Rawson, provincia de Chubut, donde se está en plena etapa de captura del langostino, con plantas procesadoras que ocupan a más de 500 personas cada una, “con caladeros sanos y cuidado de los recursos naturales”.